Coordinador: Prof. Dr. Jorge Agudo González
Autores:
Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid
Judith Gifreu Font
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Barcelona
Rafael Fernández Valverde
Magistrado del Tribunal Supremo. Vocal del CGPJ
Profesor de CUNEF
Juan Francisco Mestre Delgado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Valencia
Juan Antonio Chinchilla Peinado
Profesor Contratado-Doctor de Derecho Administrativo
Acreditado como Profesor Titular
Universidad Autónoma de Madrid
Santiago González-Varas Ibáñez
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Alicante
Felipe Iglesias González
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid
Jorge Agudo González
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Acreditado como Catedrático
Universidad Autónoma de Madrid
La ejecución de las Sentencias declarativas de la nulidad de un instrumento de planeamiento urbanístico constituye en la práctica jurídico- administrativa una verdadera odisea. Los motivos son variados y van desde las dificultades estrictamente procesales, a los problemas específicamente materiales. Las dificultades más evidentes surgen de los inconvenientes que genera el lapso de tiempo existente entre la impugnación del plan y la Sentencia definitiva que declare la nulidad de un plan, dando lugar, salvo suspensión cautelar, a que la norma urbanística sea desarrollada e incluso ejecutada. En tal caso, la ulterior nulidad del planeamiento afectará de forma sobrevenida a los instrumentos de planeamiento derivado, así como a los actos de edificación y uso del suelo que, aparentemente, gozaban del amparo de las Administraciones públicas competentes y, en consecuencia, de la presunción de legalidad. La dilatación en el tiempo de la ejecución de esas Sentencias, unida a la no suspensión cautelar, favorece añadidamente la incursión en los supuestos de “imposibilidad legal” de ejecutar. En estos supuestos surge con más fuerza aún la pugna entre la obligación de ejecutar lo juzgado y la pretensión de la Administración de minimizar o “legalizar a posteriori” el desarrollo y ejecución de las previsiones del planeamiento anulado. La complejidad de la materia culmina con el deber de las Administraciones públicas de indemnizar a los afectados por la Sentencia, o en otro caso, por su inejecución.
Todas estas cuestiones, y otros muchos problemas adicionales, ponen de relieve el interés de la materia de esta monografía. Esta compleja temática es abordada con un enfoque eminentemente práctico, incorporando las últimas novedades jurisprudenciales y legislativas, pero también pretendidamente propositivo, procurando la búsqueda de posibles soluciones legales a un elemento clave del Estado de Derecho, como es la ejecución de Sentencias.